La orden fue dictada por el titular de la Sala Penal Nacional del máximo tribunal, César San Martín, y revierte un dictamen dictado en abril pasado por una instancia menor, que rechazó el pedido original de la fiscalía de encarcelar a Chávez.
La fiscalía apeló contra aquel fallo y argumentó que la investigada dio en abril información falsa sobre las garantías requeridas para seguir siendo investigada y eventualmente juzgada.
Tras el dictamen, la ex primera ministra difundió un video en el que, con plena serenidad, informó que espera la llegada de la Policía Judicial, a la que el juez San Martín ordenó la detención, y, con un toque de humor, descartó la posibilidad de fugarse.
“Es un tema complejo para mí y mi familia, pero hay que ser valiente”, agregó cuando se aproximaba una caravana policial a su casa, en la ciudad de Tacna, fronteriza con Chile.
Añadió que enfrenta una situación injusta, pero la asume con entereza y adelantó que en la prisión continuará elaborando su tesis de posgrado, sobre ciencias penales.
El video estuvo dedicado principalmente a anunciar la presentación de un libro de relatos de su autoría, tras lo cual dijo que lamentablemente no podrá asistir a su estreno como escritora por la circunstancia planteada hoy.
Chávez es investigada por delitos que, según la acusación, habría cometido al secundar el intento del presidente Pedro Castillo de disolver, el 7 de diciembre de 2022, el Parlamento hostil a su administración, ante lo cual fue destituido por el Congreso y encarcelado.
El tribunal rechazó sin embargo la apelación al fallo de abril, en el caso de los exministros del gobierno de Castillo, del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quienes permanecerán libres con limitaciones de movimiento, una especie de libertad condicional.
En otra audiencia, el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley rechazó el recurso de tutela de derechos del exmandatario que invocaba afectación al debido proceso para dejar sin efecto las acciones en su contra y recuperar su libertad.
Checkley argumentó que Castillo “conoce plenamente los cargos y hechos que le imputa la Fiscalía, el grado de su participación y los elementos de convicción que sustentaron la formalización de la investigación preparatoria en su contra”.
También negó que se haya afectado en el caso el “principio de imputación necesaria o suficiente”, o que se hayan afectado sus derechos en la investigación preparatoria.
En los últimos meses la defensa de Castillo ha presentado decenas de recursos basados principalmente en cuestionamientos al incumplimiento del procedimiento constitucional previsto para la destitución de un presidente, ante lo cual el Parlamento que lo cesó alega que el exmandatario incurrió en delito flagrante.
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