De acuerdo con un informe de ambas entidades, ese mecanismo conjunto permitirá investigar con más eficiencia las violaciones en temas como la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos y sistemas.
Ese colectivo enfrentará la pornografía infantil, el fraude informático, las infracciones de la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales derivados de un delito cibernético, indicaron.
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino; y el Procurador, Javier Caraballo, precisaron a la prensa que este proyecto se adopta ante el aumento de las acciones ilícitas en el mundo digital o facilitadas a través de internet u otras formas de tecnología electrónica.
El acuerdo incluye, entre otros aspectos, elaborar manuales de procedimiento y las funciones que regirán las actuaciones de los miembros del grupo.
Además, insta a desarrollar prioridades comunes y planes operativos conjuntos, así como seleccionar a sus representantes, proporcionándoles formación y asistencia técnica para mejorar la capacidad de investigación.
De igual forma se resalta que este equipo de investigaciones lo conformarán funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, Inteligencia Policial y la Fiscalía.
En febrero pasado, la diputada Kayra Harding, vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional (Parlamento) presentó ante el pleno una iniciativa que busca adecuar la legislación para perseguir y castigar los delitos informáticos o cibernéticos.
La propuesta expuesta junto al legislador independiente Juan Diego Vásquez, surgió en virtud de las denuncias que se han dado a conocer en las redes y medios de comunicación.
Harding explicó que el uso del Internet es una herramienta facilitadora del trabajo y quedó demostrado en el período de la Covid-19, lo cual es un gran avance mundial; no obstante, también crecen aquellas actividades que van al margen de la ley y que son tipificadas como los “ciberdelitos o delitos informáticos”.
Ante este panorama, señaló, la legislación panameña es deficiente, en alusión a denuncias de recientes acontecimientos donde afectaron a mujeres y menores de edad.
El anteproyecto prevé hasta sanciones de cinco a 10 años de prisión para quien, mediante violencia, intimidación, o amenaza grave, procure beneficio o perjudique a un tercero.
También señala que, quien indebidamente se apodere o utilice datos almacenados en un sistema informático o sistema electrónico, total o parcialmente, será sancionado con prisión de cuatro a seis años; y de seis a ocho años, cuando se trate de infraestructuras públicas o privadas.
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