Arbizu señaló que la norma es ilegal, anticonstitucional y anticonvencional, y se plantea en la situación de dictadura parlamentaria, por lo que calificó como cogobierno entre la presidenta Dina Boluarte y el fujimorismo y fuerzas afines.
Declaró a Prensa Latina que el carácter anticonvencional de la norma se debe a que la juridicidad internacional a la que está adscrito el Estado peruano impide indultar u otorgar cualquier otra gracia a los condenados por delitos que califican como crímenes de lesa humanidad.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes, entre otros cargos, pena que se cuenta desde 2005, cuando llegó a Chile desde su autoexilio en Japón y fue detenido para su extradición a Perú.
Arbizu dijo también que el indulto humanitario existe en la legislación peruana, pero no puede aplicarse por el citado compromiso internacional.
Según explicó, el partido fujimorista Fuerza Popular, encabezado por la hija del exgobernante, Keiko, aprovecha el poder que le da el conjunto de bancadas neoliberales, que calificó como “afluencia de organizaciones criminales”.
Añadió que la norma tiene nombre propio, lo que no es admisible por la legalidad porque las leyes deben tener carácter general y no deben dictarse para beneficiar a persona alguna.
La parlamentaria progresista Rut Luque adelantó su posición al señalar que el proyecto, si bien no menciona a Fujimori, es obvio que busca beneficiar al exgobernante preso.
El proyecto de ley en manos de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, modificaría el código penal para suspender las penas, a los presos mayores de 80 años, como Fujimori, por razones humanitarias o por encontrarse en estado de salud grave.
El texto precisa que “por razones humanitarias, problemas de salud grave, crónica o en etapa terminal, debidamente sustentada y acreditada con pericia médico legal, podrá suspenderse la reclusión y pena si el agente es mayor de 80 años”.
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