Los magistrados, entre los que se cuentan los extitulares de la Corte Suprema César San Martín y Elvia Barrios, expresaron esa inquietud al pedir al titular de la corte, Javier Arévalo, que convoque a sala plena (asamblea) extraordinaria de la misma para debatir el tema.
“Luego de los últimos acontecimientos relacionados con la inhabilitación política de una fiscal suprema titular, debemos debatir y tomar acuerdos sobre una probable afectación a la independencia y autonomía del sistema de justicia”, señala la carta colectiva enviada por los magistrados a Arévalo.
Fuentes judiciales informaron que el pedido fue hecho antes en forma verbal, sin encontrar respuesta de Arévalo, considerado afín a la mayoría congresal conservadora que el miércoles último inhabilitó por cinco años a Ávalos para ejercer funciones públicas y la denunció judicialmente.
Las drásticas medidas fueron adoptadas debido a que Ávalos, cuando era fiscal de la Nación, abrió una investigación preliminar al entonces presidente Pedro Castillo por presunta corrupción y de inmediato la congeló debido a que la constitución otorga inmunidad a los jefes de Estado.
La afectada y juristas diversos argumentan que la medida atenta contra la independencia de los fiscales y su potestad de interpretar sus decisiones sin ser sancionados por ellas y el caso dio pie a la reiteración de denuncias de avasallamiento de la institucionalidad por la mayoría parlamentaria conservadora.
La Fundación para el Debido Proceso, por su parte, calificó la inhabilitación de Ávalos como un acto arbitrario con consecuencias institucionales graves que debilitan la independencia de la Fiscalía.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la destituciíon de la fiscal y llamó a la ciudadanía a nfrentar lo que considera es el desmantelamiento de la institucionalidad en el país.
Por su parte, el exministro de Justicia y conocido jurista Diego García Sayán cuestionó la manifiesta intención de la mayoría congresal de destituir a los titulares de los organismos electorales por supuesto favorecimiento de la elección de Castillo, en 2021.
Señaló que con ello vuelven viejas prácticas de someter a esos organismos para copar ilegalmente el aparato estatal, alusión al gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).
La hija de Fujimori, Keiko, encabeza el partido Fuerza Popular, cuya bancada parlamentaria es una de las que se aprestan a defenestrar a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Civil.
La abogada Ana Neyra, exministra de Justicia, condenó el aparente nuevo intento político de debilitar a los organismos electorales.
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