El recurso fue sustentado por su defensor, Guillermo Olivera, y Castillo pidió la palabra, pero fue impedido de hablar por el tribunal, según el cual, la audiencia había terminado con las exposiciones de Olivera y del abogado del Congreso de la República, José Ramos.
Castillo y su defensor participaron en la audiencia mediante teleconferencia, desde el presidio para ex altos funcionarios en el que el exgobernante permanece desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Legislativo.
Olivera reiteró el argumento de que Castillo no cometió el delito de rebelión que se le imputa porque el código penal califica tal figura penal como el alzamiento colectivo en armas y su defendido no usó armamento alguno ni contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según el abogado, el expresidente solo leyó un mensaje que quedó como deseo, aspiración e imaginación, por cuanto la disolución del Congreso y la reorganización de los órganos de justicia, no se hicieron efectivos.
Manifestó de otro lado que el Congreso obvió el procedimiento de vacancia, que implicaba un debate previo a la presentación de la misma y la aprobó con solo 101 votos y no con los 104 requeridos para una destitución sumaria y permitiño defenderse a Castillo.
De acuerdo con Olivera, la vacancia (destitución) violó la Constitución, la cual establece que “nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto al previamente establecido”.
Pidió por tanto “que se anule la resolución de vacancia y Castillo recupere su calidad de presidente de la República”.
El abogado del Congreso sostuvo por su parte que el expresidente rompió el orden constitucional al anunciar la disolución del legislativo y la creación de un gobierno de emergencia y fue vacado de inmediato porque con sus actos incurrió en delito flagrante.
El tribunal terminó la sesión y anunció que próximamente dictará su fallo, aunque similares apelaciones del exmandatario han sido rechazadas.
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