La norma cuestionada reduce a un máximo de ocho meses los procesos de colaboración eficaz, que otorga beneficios judiciales a involucrados de menor nivel a cambio de que brinden a la Fiscalía información, con pruebas, sobre participantes de mayor rango.
Señaló que ese tiempo es insuficiente para pesquisas que son muy complejas, pero lo más grave es que, por su efecto retroactivo, dejará sin efecto las pruebas aportadas por colaboradores eficaces y de carácter decisivo para el juzgamiento de políticos, magistrados, empresarios y otros procesados por corrupción.
“Lo que hace la ley es dejar fuera de carrera a todos los procesos de colaboración por los casos de megacorrupción vinculados a los sistemas políticos y que se encuentran en trámite”, dijo Sánchez.
Mencionó entre esos casos el de “Los cuellos blancos”, una red de corrupción judicial protagonizado por un juez de la Corte Suprema y otros magistrados, así como empresarios y otros personajes, y el de la corrupción de empresas brasileñas que pagaban sobornos a gobernantes a cambio de contratos de obras públicas.
Por el segundo tema están a punto de ser juzgados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-06) y Ollanta Humala (2011-16) y otros personajes políticos y empresarios de la construcción y el exgobernante Alan García (1985-90 y 2006-11) se suicidó cuando estaba a punto de ser detenido.
Sánchez informó que la mayoría congresal aprovechó la falencia de que la norma de colaboración eficaz no fija plazos, los que deben precisarse, pero estableciendo un tiempo más extenso. y sugirió que sea el plazo del juicio principal aplicado.
Explicó que, si bien los colaboradores eficaces han firmado sus testimonios y estos han sido verificados con documentos “lo importante es el testimonio que va a dar el colaborador” en las audiencias judiciales.
Advirtió que la norma aprobada a marcha forzada por el Legislativo afecta también otros procesos importantes por delitos también muy graves.
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