De 144 senadores y diputados, 101 (70 por ciento) votaron contra el titular interpelado, 42 por el orden del día puro y simple y se registró un voto en blanco, de acuerdo con el resultado del conteo.
Según la Ley 1350 del 16 de septiembre de 2020, “resuelta la censura, la presidenta o el presidente (…) en un plazo máximo de 24 horas de haber tomado conocimiento formal, deberá sustituir a la o el ministro censurado”.
El vicepresidente de Bolivia y titular nato del Órgano Legislativo, David Choquehuanca, presidió la sesión y dio cuenta del resultado del debate referido “al tráfico de vehículos robados”.
“Remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo”, expresó Choquehuanca antes de dar por concluida la sesión.
En abril último el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del mandatario, de un ministro censurado en la ALP.
Sin embargo, en la misma sentencia se ratifica la constitucionalidad del artículo que señala la obligatoriedad de la destitución en un plazo de 24 horas de haber tomado conocimiento formal del resultado de este tipo de votación.
Del Castillo acudió este martes a su tercera interpelación en menos de dos meses.
Salió airoso de las dos anteriores que se realizaron el 23 de mayo y el 13 de junio últimos.
La primera se debió a la detención y encarcelamiento preventivo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no concurrió a la Fiscalía a declarar sobre su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Una segunda abordó el operativo de seguridad durante el paro con violencia impuesto en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, que dejó un saldo de cuatro muertos, cienos de heridos, múltiples inmuebles incendiados y pérdidas estimadas en más de mil 200 millones de dólares.
La interpelación de este martes fue planteada por los opositores diputados Marcelo Pedrazas, María Rene Álvarez, Alberto Astorga y Daniel Prieto.
Durante la sesión, del Castillo explicó cómo opera el aparato de seguridad del Estado para impedir la internación de vehículos robados, detectar y restituir los motorizados a las naciones de origen.
Informó que en 2022 fueron identificados 52 vehículos robados, de los que 31 eran de Chile, cinco de Argentina, 16 de Brasil y todos fueron restituidos a sus propietarios.
Añadió que durante el año en curso resultaron localizados ocho autos desvalijados en Chile, de los cuales cinco fueron devueltos a sus dueños, y mil 219 delincuentes de este tipo fueron aprehendidos.
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