Los fundadores del extinto bufete son acusados por blanqueo de capitales según la sentencia de la fiscal Isis Soto que establece para ese delito penas entre cinco y 12 años de prisión.
En el proceso están involucradas otras 30 personas y la fiscalía acusó al bufete que cerró sus oficinas en 2018, de ser una organización criminal dedicada a ocultar activos vinculados al caso Lava Jato, una investigación sobre corrupción surgida en Brasil.
Este escándalo sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
De acuerdo con Soto, los letrados Mossack y Fonseca prestaron su colaboración a pesar de conocer indicios de la participación de personas en actividades ilícitas.
La vista, que encabeza la jueza jueza Baloisa Marquínez, se extenderá hasta el venidero 7 de julio.
Este caso, un expediente de 293 tomos, guarda relación con una investigación que se inició en 2016, resultado de informes periodísticos, originados en la operación Lava Jato en Brasil, que vinculaban a una oficina de abogados en el istmo con la creación de sociedades anónimas, cuyo objetivo era la movilización de fondos ilegales.
El caso Lava Jato involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá.
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