La apelación fue anunciada por la representante de la bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque, quien argumentó que la ley, puesta en vigencia hoy, incumple lo establecido por la carta magna sobre la materia.
Luque afirmó que la norma viola la Constitución porque solo podía viabilizarse los viajes presidenciales al extranjero con una reforma constitucional y no con una ley modificatoria como hicieron el Ejecutivo, que la propuso, y el Congreso, al aprobarla.
“Lo que ha hecho la ley es regular una situación que no está normada. Y lo han hecho a través de la modificación de una ley orgánica; lo que no corresponde, pues esta regulación debió ser de nivel constitucional”, señaló.
La mayoría de los constitucionalistas, de diversas tendencias, coincidieron en un criterio similar y el jurista Domingo García Rada calificó como producto de un capricho por viajar la aprobación de la polémica ley.
Según la constitución, los mandatarios, en caso de ausentarse del país, deben encargar su despacho a un vicepresidente, cargo que quedó vacante en diciembre último, cuando Boluarte asumió la jefatura del Estado como sucesora de Pedro Castillo, encarcelado y destituido tras intentar la disolución del Congreso.
La ley plantea que, en caso de que no haya un vicepresidente y el mandatario tenga que viajar al exterior, este podrá hacerlo manteniéndose a cargo del despacho presidencial y gobernando a distancia empleando tecnologías digitales.
Señala por otra parte que se mantiene el requisito de que el Congreso apruebe cada salida, para lo cual el presidente, en este caso la gobernante deberá solicitar la autorización justificando el carácter urgente del viaje.
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