En una conferencia con la prensa extranjera, el magistrado y los integrantes del jurado manifestaron la decisión de defender sus fueros y, preguntado sobre qué hará si un juicio político que prepara el Congreso logra su propósito, dio a entender que apelará en foros internacionales a los que está adscrito el Estado peruano.
En tal caso “tendría que reclamar lo que corresponde en derecho, acudiendo a las instancias respectivas”, pero no a la Corte Suprema ni al Tribunal Constitucional.
“La democracia está en riesgo en el Perú, una parte del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática desde hace tiempo”, dijo Salas, al señalar que ese es el contenido de una campaña política y mediática en su contra, por lo que esta va más allá de lo personal.
Refirió resoluciones del sistema jurídico internacional a las que pertenece Perú, que en situaciones similares han dictaminado a favor de la autonomía de los tribunales electorales, lo que puede adelantar que en su caso se pronuncien de manera similar.
El titular del JNE señaló que 21 congresistas del sector que lo adversa han presentado cinco proyectos de ley para modificar las normas electorales a fin de cambiar la composición del tribunal y otros 31 plantearon seis proyectos para que el jurado sea incluido entre las autoridades de juicio político por el congreso.
Lo que muchos llaman encono del sector de derecha y sus aliados de centro contra la corte se debe, según dijo, a la falsa narrativa de que en 2021 Pedro Castillo ganó la presidencia mediante un fraude supuestamente permitido por el JNE, lo que se estrella contra los informes en contrario de observadores internacionales.
Sobre el hecho que su gestión terminará en noviembre del año próximo y el apuro congresal para cambiar a los jueces electorales, dijo que tal vez los legisladores temen que las elecciones de 2026 se adelanten bajo el actual jurado y, por otra parte, quieren dejar sentado que ninguna autoridad debe contradecir al Congreso porque será destituido.
Recordó que miembros de la mayoría parlamentaria, tras la elección de Castillo, sostuvieron que “para recuperar la democracia” era necesario destituir al presidente y a la vicepresidenta, con lo que el titular del Legislativo asumiría la presidencia, y cambiar a las autoridades de los organismos electorales.
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