Soria hizo la solicitud al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, dentro del proceso contra ambos y otros ex integrantes del pasado gobierno, por el presunto delito de rebelión por haber intentado disolver el Parlamento, lo cual motivó su destitución y encarcelamiento el 7 de diciembre de 2021.
La acusación se extiende a la también ex primera ministra Betssy Chávez y a los extitulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
El procurador argumentó que el embargo de los bienes es necesario como parte de pago de la reparación que puede fijar el juez de ser condenados Castillo y Torres.
La defensa de Castillo rechaza el cargo de rebelión, porque este delito consiste en alzarse en armas contra el Gobierno en forma colectiva y el expresidente no usó armamento al anunciar la disolución del Parlamento.
La Fiscalía, por su parte, alega que al anunciar la medida contra el Legislativo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de alguna manera hizo uso de las armas.
Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó la disolución del Legislativo, Betssy Chávez fue encarcelada en junio último y los otros dos encartados están en libertad condicional.
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