Las nuevas reglas estarán enfocadas en dos aspectos, fortalecer la capacidad de gestión interna y garantizar el control de las fronteras.
En el primer caso se engloba todo el proceso de documentación de los extranjeros y el otorgamiento y ampliación de los permisos de residencia, ya sea por razones de trabajo, estudios o vínculos familiares.
Además, estará priorizada la protección de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, y a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, trata y tráfico de personas.
Respecto al control de las fronteras el objetivo es eliminar o disminuir al mínimo la existencia de pasos irregulares y poner orden a los flujos migratorios, un fenómeno acrecentado en la región durante los últimos años.
Las medidas entrarán en vigencia de manera paulatina a lo largo de 2023, pero hay cuatro de inmediata aplicación.
En primer lugar figura la creación de condiciones para el empadronamiento biométrico de toda la población migrante indocumentada en Chile que tenga más de 18 años y haya ingresado hasta el 30 de mayo reciente.
Además será formado un comité interinstitucional para acelerar las expulsiones pendientes desde 2013 de todos aquellos que cometieron delitos y fueron sancionados por los tribunales.
Este equipo estará integrado por representantes de las subsecretarías del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y Registro Civil.
El gobierno central aplicará un programa de 10 proyectos para apoyar a los municipios más afectados por las corrientes migratorias.
Por último, se fortalecerá la matrícula escolar con el propósito de abrir nuevos cupos destinados a niños y jóvenes migrantes.
La titular del Interior, Carolina Tohá, advirtió que nada de esto significa una regularización masiva de indocumentados en el país.
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