El magistrado Víctor Zúñiga se opuso a la solicitud de Fujimori y cuatro de los 41 co-acusados de anular la decisión del fiscal José Pérez de terminar las pesquisas, realizadas durante más de dos años, y proceder a la apertura del proceso.
El fin de la indagación fue acompañado del pedido de Pérez de 30 y 10 años de cárcel para Fujimori y su entorno, y penas menores para otros imputados, entre los cuales está incluido su esposo norteamericano, Mark Vito Villanella.
La solicitud de la candidata, que competirá con el izquierdista Pedro Castillo en un balotaje por la Presidencia el domingo próximo, pretendía que el proceso retrocediera a la fase de investigación y se realicen diligencias emitidas.
El fiscal Pérez argumentó que él considera que esas acciones no eran necesarias, pues tenía elementos suficientes para acusar a Fujimori y los demás indagados y tiene la potestad de decidir el final de las investigaciones.
Fujimori y otros acusados, según fuentes judiciales, intentaron 14 veces retirar a Zúñiga de la misión de monitorear las indagaciones, evaluar la acusación del fiscal y, de estar la misma conforme a los procedimientos, disponer la apertura del juicio.
Zúñiga dictaminó que los derechos de los solicitantes no fueron vulnerados por el fiscal, como alegan los indagados, y desestimó su acusación de supuestas motivaciones políticas del fiscal.
La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, declaró que apelará a una instancia superior contra la decisión del magistrado.
El fiscal Pérez consigna en su acusación los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración, referidos a la recepción oculta de millonarios fondos recibidos de grandes empresas como aportes electorales.
Las contribuciones a campañas electorales de Fujimori fueron disfrazadas de muchos aportes de falsos donantes, como lo confesó parte de estos y los encargados de la operación.
Según la legislación, de iniciarse el juicio Fujimori será juzgada si no fuera elegida el domingo y si ganara la Presidencia tendría inmunidad pero serían procesados los co-inculpados y ella estaría en el banquillo tras culminar su posible mandato, en 2026.
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