A ocho días del inicio de las movilizaciones que, según las organizaciones sociales, se mantendrán durante diez diez jornadas, el abogado Heber Joel Campos criticó el anuncio de que cada uno de los provincianos que lleguen será identificado, fotografiado y se le grabará en video su imagen y su voz.
Además, no podrán manifestar con gorros, anteojos de protección (contra daños por disparos de perdigones), mochilas y pasamontañas ni portar mochilas, según el jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, Óscar Arriol.
Señaló que ese tipo de medidas son contrarias a los derechos ciudadanos, por su carácter intimidatorio, y carecen de sentido, porque no corresponde únicamente ante una sospecha genérica de posibles acciones ilícitas.
Lo legal, para Campos, es que se apele a medidas extremas cuando hay hechos puntuales, concretos de ese peligro, lo que no han sido mostrados.
Los organizadores de las movilizaciones insisten en su carácter pacífico y han descartado nombrarla “Toma de Lima”, aunque el Gobierno y la prensa adversa a las protestas siguen usan a diario esa denominación.
“Si la Policía cuenta con información concreta, puntual, de Inteligencia, de que hay personas que estarían preparando actos violentos, entonces, lo que corresponde es que se proceda a su detención, pero con base a una evidencia concreta, no a una sospecha genérica”, expresó.
El Gobierno estableció los citados controles estrictos pese a que el ministro del Interior y otros miembros del Ejecutivo declaran en forma constante que la convocatoria a las protestas no tiene acogida en la población, la cual prefiere trabajar en paz, conforme a lo oficialmente recomendado.
El Comando Unitario de Lucha, conformado por organizaciones sociales, cuenta entre los factores que propician la protesta, la desaprobación a la administración de la presidenta Dina Boluarte en las encuestas, en una de las cuales alcanza a 80 por ciento.
La llamada Jornada Nacional de Lucha, del 19 al 28 de julio, demanda la renuncia de la mandataria, nuevas elecciones adelantadas presidencial y legislativas y una asamblea constituyente.
También propugna el cambio de la política económica privatista y sanción autores y responsables de 66 muertes durante las manifestaciones realizadas entre diciembre y marzo últimos y repudia la presencia de tropas norteamericanas, aprobada por el Gobierno y el impopular Parlamento.
ro/mrs
