En una conferencia de prensa, dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas, regionales, vecinales y estudiantiles integrantes de la Coordinadora recogieron la denuncia del semanario Hildebrandt en sus 13 sobre el objetivo de esos fondos.
La publicación consideró que es obvio que los 12 millones de soles (tres millones 880 mil dólares) otorgados a las Fuerzas Armadas servirán para la represión de las protestas a iniciarse el 19 de julio.
Al mismo fin, agrega, servirán otros cuatro millones 700 mil soles (aproximadamente un millón 300 mil dólares) entregados por un grupo de bancos que donó a la Policía Nacional.
El secretario de organización de la Confederación General de Trabajadores, Manuel Coronado, dijo que el financiamiento “evidencia claramente que el Gobierno quiere incentivar a los militares y policías para la represión y mercenarizarlos contra el pueblo”.
“Eso es algo jamás visto en la historia, ni siquiera en el gobierno represivo de Alberto Fujimori (1990-2000) y lo vamos a denunciar ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, aseveró.
Criticó además una demostración de fuerza de la Policía, con cinco mil agentes marchando por el centro de Lima, despliegue oficialmente presentado como un ensayo de la parada militar por el aniversario de la independencia.
Para Coronado, “es absurdo hacer una demostración de fuerza de un gobierno que carece del respaldo del pueblo”, expresó en referencia a las encuestas que asignan de 80 a 90 por ciento de desaprobación a la presidenta Boluarte.
Por su parte, un representante de la zona popular limeña de Lima Este llamó en la conferencia de prensa a derrotar con la protesta también al financiamiento de la represión , a lo que llamó campaña del miedo del Gobierno y la prensa derechista y “defender las banderas del pueblo”.
Participaron también por teleconferencia dirigentes de las regiones andinas de Puno, Cusco y Apurímac, entre otros, que ratificaron el objetivo de la renuncia presidencial y la convocatoria de nuevas elecciones presidencial y legislativas.
Las organizaciones participantes demandan también castigo para autores y responsables de 66 muertes durante las manifestaciones antigubernamentales realizadas entre diciembre y marzo últimos y rechazan la presencia de tropas norteamericanas en Perú.
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