Tanto el exministro de Justicia Alejandro Salas, como el exparlamentario Alberto Quintanilla, coincidieron en señalar que la protesta es un derecho y en este caso hay una confluencia de demandas que justifican las manifestaciones de descontento.
Salas indicó que, si bien las diversas organizaciones sindicales, agrarias, sociales y regionales tienen cada cual un problema o una demanda por atender, todas confluyen en plantear la renuncia presidencial y el cierre del Congreso, así como elecciones adelantadas.
“La protesta es absolutamente legítima, el Estado, el Gobierno deben saber dialogar, acercarse a la sociedad”, agregó el exministro del Gobierno de Pedro Castillo, cuya detención y destitución por el Parlamento motivó protestas entre diciembre y marzo últimos dejaron un saldo de 49 muertos baleados.
Coincidió sin embargo que las nuevas movilizaciones no lograrán de inmediato la renuncia de la presidenta, que registra una desaprobación de hasta 80 por ciento en las encuestas, que arrojan además el deseo mayoritario de nuevas elecciones.
Quintanilla dijo que es lógico que el movimiento social no logre con las inminentes protestas su exigencia de renuncia de Boluarte, que requerirá de un poco más de tiempo, pero el objetivo se alcanzará.
El exlegislador progresista hizo notar que, en el caso de la región surandina de Puno, donde el rechazo a Boluarte es casi unánime y que sufrió el mayor número de muertes en las anteriores protestas, los objetivos de la lucha son de mayor alcance.
Se trata de la lucha por la igualdad, que no se logró con hechos históricos como la independencia, en 1821, ni con la abolición de la esclavitud (1854), ni con la la lucha por el voto de la mujer (1955), ni con la reforma agraria (1969), explicó.
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