Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
El país apenas registró 495 homicidios atribuidos a las maras o pandillas, organizaciones delincuenciales que se fortalecieron aquí luego de ser deportados muchos de sus miembros de Estados Unidos, donde surgieron como bandas en las calles de Los Ángeles, California.
Al término de 2022 la tasa de homicidios fue de 7,8 por cada 100 mil habitantes, algo nunca visto.
Eso es un ejemplo de la ardua labor de las autoridades pues en un solo fin de semana ese año hubo 87 asesinatos -entre el 25 y el 27 de marzo-, y el sábado 26, con 62 homicidios, quedó fijado en la memoria popular como el más sangriento del cual se tiene registro en el país en lo que va del siglo XXI.
Detrás de esto hay muchas historias que contar. Cómo fue posible el salto, qué estrategia permitió al gobierno del presidente Nayib Bukele enfrentar un problema que para una parte importante, sino para la mayoría de los salvadoreños, era insoluble.
Sin importar tendencias políticas, hoy muchos reconocen el avance después que el gobierno respondió a la masacre con un decreto de estado de excepción que se prorroga cada mes, según las autoridades, hasta que “no quede un pandillero en las calles del país”.
El periódico digital El Faro, que se identifica por hacer “periodismo incómodo” al escribir e investigar para divulgar temas escabrosos, según definen sus propios creadores, abordó cómo el gobierno de Bukele utilizó a líderes pandilleros para detener la masacre de noviembre de 2021.
Documentos oficiales, un audio grabado por líderes del Barrio 18 Sureños y el testimonio de un antiguo miembro de la Mara Salvatrucha-13 revelan cómo el Gobierno se apoyó en líderes pandilleros para detener un repunte de asesinatos que terminó con la vida de 45 personas en tres días de noviembre de 2021.
Aquel año, el gobierno logró que esta crisis no rompiera presuntas negociaciones que sostenía con los grupos criminales desde 2019.
Señaló la publicación que las pandillas asesinaron a 45 salvadoreños para generar un clima de terror y enviar un mensaje al gobierno, con el cual sostenían una negociación secreta desde al menos junio de 2019.
No obstante, El Faro plantea que los primeros contactos, las primeras negociaciones entre el entorno de Bukele y las pandillas ocurrieron en 2014, cuando aún era candidato a alcalde de la capital. Sin embargo, fue cuando Bukele llegó a la Presidencia en 2019 que aparecieron las evidencias más contundentes de su pacto con pandillas. La historia de estas negociaciones abarca más de ocho años y terminó con la masacre de 87 salvadoreños en marzo de 2022.
Esta última vez, el gobierno y la Asamblea decretaron un régimen de excepción que lleva ya 17 meses vigente, el cual suspende garantías constitucionales y en esencia es el instrumento ideal para el enfrentamiento a la violencia, al menos así lo demostró desde su aprobación y tras el arresto de más de 71 mil 500 presuntos pandilleros o colaboradores.
Ya no hay reducción de los homicidios por pactos secretos gobierno y pandillas; ahora, al parecer, el gobierno avanza para eliminar a los grupos que llenaban de terror la vida de la mayoría de la población salvadoreña.
RESULTADO QUE PESA EN EL AMBIENTE POLÍTICO
Indudablemente este resultado pesa en el ambiente político del país. Bukele, conocido por ser un excelente comunicador -para sus detractores un manipulador-, se alza hoy como la figura que logrará lo inédito, reelegirse en la presidencia del país pese a que los expertos dicen que eso es inconstitucional.
Si hubo diálogo o no, eso ahora no es lo que importa. Para la sociedad civil el grado de seguridad alcanzado por las acciones gubernamentales resulta lo determinante. Bukele fue alzado por algunos al Olimpo de los dioses, desde donde observa cómo la oposición se despedaza y parece encaminada a naufragar estrepitosamente en las elecciones de 2024.
Aquel macabro fin de semana de 2022, luego de casi tres años de acuerdos secretos entre pandilleros y la administración de Bukele, marcó el rumbo del país para los próximos años. La seguridad de la vida se alzó por encima de las necesidades económicas y es la principal carta para la disputa de la silla presidencial.
El régimen de excepción, como carta de triunfo, parece acompañará a los salvadoreños a las urnas en febrero de 2024 y para muchos la economía que según expertos se hunde, dejó de ser un aspecto determinante, aunque todavía algunas personas dicen que votarán con el estómago, en referencia a las carencias actuales.
El dirigente del Movimiento de Izquierda Salvadoreña, Walter Raudales, un crítico del gobierno, al abordar el tema habla del último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que plantea existen en el país 1.8 millones de pobres, un dato alarmante por el alto por ciento de la población afectada por ese problema.
Según los datos de la Cepal y otras agencias de Naciones Unidas, casi medio millón de salvadoreños cayó en inseguridad alimentaria desde 2014. Entre 2020 y 2022 se registraban 3.1 millones en inseguridad alimentaria moderada o severa.
Agencias como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muestran evidencias de la crisis.
En ese sentido, los datos revelan que el número de personas en inseguridad alimentaria severa o moderada representó el 48.4 por ciento de la población de El Salvador entre 2020 y 2022, un país donde es creciente el número de familias que se aprietan el cinturón, reducen el consumo de alimentos e incluso solo hacen una comida al día.
Esas son historias por contar y no todas, al parecer, ponen la vida por encima de la economía; la carta de la seguridad parece que es la que lleva adelante el gobierno tanto a lo interno como en su proyección internacional, resulta una caña que al exprimirla da jugo y previsiblemente alimentará la victoria de Bukele en 2024.
Mientras tanto, los pobladores prosiguen arropando al presidente y apoyan, según todas las encuestas, las políticas de seguridad aplicadas contras las bandas delincuenciales.
Cuando se calienta el ambiente electoral, una encuesta Gallup indicó que el 62 por ciento de los preguntados consideró que su economía estará bien en los próximos 12 meses, lo cual resta argumentos a quienes vaticinan malos resultados para el gobierno en este campo.
En las próximas semanas y meses, la tendencia es que el ambiente electoral se tense aunque los pronósticos no son nada halagüeños para los contrarios de Nuevas Ideas, más cuando las manijas del poder político, legislativo y militar transitan por un hilo a la Casa Presidencial.
Bukele y su equipo impusieron las reglas del juego y, si tienen razón o no en su empeño, será el soberano quien decida en las urnas el destino del país. Las encuestas hablan de una victoria aplastante con el tema de seguridad como vedete. Recordando a Santo Tomás, ver para creer, las urnas en febrero de 2024 dirán la última palabra.
arb/lb
