Sin renunciar al presupuesto que por años sitúa el Gobierno para estas escuelas, reclamaron que no son las universidades públicas las que pierden, pierde una vez más la educación pública y, por tanto, pierde Costa Rica.
Definitivamente, la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad, denunció en un comunicado el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Desde 1948 cuando Costa Rica abolió el Ejército, decidió entregar ese presupuesto para desarrollar los sectores de la educación y salud públicas.
Desde algunos años, la Asamblea Nacional aprueba el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para esta enseñanza. Hace algunos años, las autoridades sostienen que el país cada vez más lejos de cumplir con mandato del ocho por ciento del PIB para Educación Pública
También en el caso de la enseñanza universitaria, existe el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), el uno por ciento de ese presupuesto estatal, financiamiento que los rectores de las cinco universidades públicas reclaman, pues en diversas ocasiones autoridades gubernamentales expresaron que no podían otorgar el presupuesto por falta de recursos.
En el mismo comunicado de prensa, Conare alerta que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años; no obstante, prevalece de parte del Gobierno la negativa de cumplir con la asignación del ocho por ciento del PIB constitucional para la educación pública en todos sus niveles.
Los rectores afirman que casi el 80 por ciento de las personas estudiantes de las universidades públicas provienen de colegios públicos y alrededor de la mitad recibe una beca socioeconómica, también cuentan con atención en salud, equipo tecnológico, alojamiento, entrar en programas de nivelación académica.
Recuerdan que en las discusiones para la asignación del 2023, primero la excusa fue la Asamblea Legislativa (parlamento), luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay dinero. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces.
Argumentan además los rectores que para 2024, ni siquiera exponen las razones de su negativa, no obstante, la negociación por el presupuesto del FEES se reanudará el 1 de agosto.
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