La acción legal pide que el Ejecutivo el Congreso de la República dejen de vulnerar el derecho a la protesta y derechos conexos, como la libertad de expresión y opinión, la participación política, el honor y buena reputación, el debido proceso y los principios la igualdad y la no discriminación.
También solicita que tome medidas eficientes para garantizar esos derechos, ante el inicio, hoy, de protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones generales y justicia por las muertes de civiles en anteriores manifestaciones.
La demanda está dirigida contra la presidenta, el Parlamento unicameral, la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios del Interior y de Defensa y la Policía Nacional.
Argumenta que diversos poderes y entidades del Estado han mantenido un patrón de actos represivos y violaciones de derechos humanos contra protestas opositoras de diciembre a marzo últimos.
Esos actos causaron “muertes, lesiones, criminalización contra quienes organizaron y participaron de las marchas, operativos policiales que no respetaron las reglas del debido proceso, emisión de normativa para limitar arbitrariamente el derecho a la protesta y estigmatizaciones a los manifestantes”, añade.
El recurso fue presentado por los secretarios generales de la Plataforma de Afectados por metales y sustancias tóxicas, Félix Suasaca; y de la Federación Departamental de Campesinos de la región surandina de Cusco, Salvador Merma.
Firmaron la demanda integrantes del Instituto de Defensa Legal y las agrupaciones jurídicas Derechos Humanos sin Fronteras, Derechos Humanos y Medio Ambiente y el grupo abogados independientes.
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