Martinelli fue hallado culpable por delitos contra el orden económico en el caso New Business y la jueza Baloisa Marquínez le impuso además una multa de 19,2 millones dólares por la compra de la Editora Panamá América S.A (Epasa) con recursos públicos.
Esta sentencia, que es de primera instancia y por tanto apelable, ordena también la disolución de dos sociedades y el decomiso de las acciones de la casa editorial a favor del Estado.
Por este caso fueron condenados, además de Martinelli, otras cuatro personas por blanqueo, mientras que 10 fueron absueltas, precisó el Órgano Judicial.
El exgobernante, ahora candidato presidencial hacia elecciones generales de 2024 por el partido Realizando Metas, deberá responder en agosto próximo ante la justicia por el mismo delito en el caso Odebrecht, tras aceptar sobornos de la constructora brasileña.
La reciente sentencia trajo de inmediato diversas reacciones, entre ellas las de la exprocuradora de la Nación y candidata presidencial independiente en 2019, Ana Matilde Gómez, quien aseveró que ese fallo no inhabilita a Martinelli en la carrera electoral.
Para Gómez, el multimillonario sigue siendo el abanderado de esa tolda hasta que no haya una condena en firme y no se hayan agotado todos los mecanismos internos de revisar la decisión.
A juicio del analista político, José Stoute, la condena firme debe darse de aquí a septiembre, caso contrario quedará en manos de la población en las urnas.
Otros expertos apuntan que el fallo de Marquínez todavía no está “ejecutoriado”, ya que actualmente está en etapa de notificación de las partes.
Señalan además que, al ser una sentencia de primera instancia, puede ser recurrente ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la semana también el presidente de la República, Laurentino Cortizo, reafirmó la voluntad de salir de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en las cuales permanece el istmo desde 2019.
El mandatario inauguró la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que resaltó acciones realizadas para cooperar en materia de transparencia financiera y fiscal internacional, ante una visita de ese organismo en septiembre próximo.
En los últimos siete días comenzó el registro de migrantes irregulares con un año en Panamá para acogerse al llamado Permiso Temporal de Protección que otorgarán las autoridades locales por dos años no prorrogables una vez concluido esos trámites.
De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM), la medida busca otorgar un estatus que respalde a los viajeros ante el alto nivel de vulnerabilidad frente a delitos como el tráfico ilícito de personas y la trata, en sus distintas modalidades.
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