‘Es la oficina Greenberg Traurig la que tiene la representación de Bolivia en Estados Unidos para llevar esos tres procesos’, declaró a Bolivia TV el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
La justicia del país andino continuó este lunes los pasos legales para los juicios en Bolivia y Estados Unidos contra una veintena de exfuncionarios del gobierno de facto comprometidos en varios delitos alrededor del caso.
El proceso, impulsado tras el ascenso al poder en noviembre del actual gobierno, cobró fuerza tras la detención en Estados Unidos del exministro de gobierno del ejecutivo de facto Arturo Murillo y varios de sus compinches.
Otros involucrados son los ciudadanos Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, participantes junto a Murillo en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
La justicia estadounidense detuvo a los integrantes de ese grupo el 26 de mayo por el caso Gases lacrimógenos, bajo cargos de soborno, lavado de dinero y pertenencia a un grupo mafioso internacional.
Todos son procesados por la adquisición de esas armas antimotines para el Estado boliviano a un precio de 5,6 millones de dólares, con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, repartidos entre Murillo y sus cómplices.
El consorcio de abogados Greenberg Traurig, fundado en Miami, Florida, en 1967, acumula 54 años de experiencia y sus 30 oficinas en Estados Unidos brindan servicios legales a importantes centros financieros.
Según sus directivos, el bufete dispone de un equipo de 160 abogados que representan a todas las prácticas de la firma, entre ellas asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en numerosas industrias y sectores clave.
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