El jurista, defensor de familiares de víctimas de la represión por las protestas realizadas entre diciembre y enero pasados, indicó que la Fiscalía amplió las pesquisas en marcha a la presidenta Dina Boluarte y al actual primer ministro Alberto Otárola, para incluir decesos durante aquellas manifestaciones no considerados hasta ahora.
Santisteban fue abatido el 28 de enero pasado en el centro de Lima por un policía que, según testigos y un video difundido por la prensa, le disparó a corta distancia una granada de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza, matándolo.
Los testigos señalaron que la víctima, un ingeniero peruano radicado en Argentina que pasaba sus vacaciones en Lima, se encontraba en actitud pasiva en una acera, cuando fue atacado por el agente.
El Ministerio Público abrió la investigación a Romero por presunto delito de homicidio calificado y genocidio, los mismos por los que son indagados Boluarte y Otárola por 49 muertes.
El abogado Rivera recordó que cuando Santisteban fue ultimado, Romero ya era ministro del Interior, pues asumió el cargo el 13 de enero, por lo cual “tenía la capacidad y obligación de dictar lineamientos y directivas para la ejecución de los respectivos planes operativos” policiales contra las protestas.
La inclusión de Romero en las pesquisas se anunció en el marco de nuevas protestas que, como las anteriores, demandan la renuncia de la presidenta Boluarte, prontas elecciones adelantadas, una asamblea constituyente y el retiro de tropas norteamericanas llegadas a Perú en junio pasado, entre otras demandas.
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