Ante la demanda de abogados de la defensa que alegaron desconocer las pruebas, se entregaron documentos de un expediente que contiene unas mil 67 páginas sobre la recepción de coimas provenientes de la constructora brasileña y en el que aparecen acusados los exmandatarios Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela ( 2014-2019).
De cara a la audiencia prevista para el próximo 1 de agosto- con fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre- también refieren 127 asistencias judiciales procedentes de países como Suiza, Brasil, México, Mozambique, Andorra, España y Barbados, entre otros, así como más de 40 declaraciones de testigos.
Los representantes de los imputados precisaron que aún están a tiempo para objetar algunas de las pruebas aducidas por la fiscalía, pero que al no conocerlas aún no han podido pronunciarse.
Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Martinelli, dijo que presentó un recurso de nulidad contra el proceso, alegando violaciones a las garantías fundamentales de su cliente y que este aún no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
En este juicio también deberán comparecer los exministros Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Jaime Ford y Federico Suárez (Obras Públicas), Frank De Lima (Economía y Finanzas), José Domingo Arias (Vivienda), todos de la administración de Martinelli.
Además, Carlos Duboy, quien fungió como titular y como gerente de Tocumen S.A. en la administración de Varela.
Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos del expresidente Martinelli, son otros de los llamados a juicio, aunque ya en mayo del año pasado fueron condenados por una corte de Nueva York a tres años de prisión, por lavado de dinero.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber entregado 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha prohibido la entrada a ese país a Martinelli, Varela y sus familiares inmediatos por corrupción significativa cuando gobernaron el país.
En la audiencia preliminar de este caso, el fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que Odebrecht, instalada en Panamá desde 2006, pagó más de 50 millones de dólares de sobornos a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.
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