En un menaaje ante el Parlamento por el 202 aniversario de la independencia nacional, la mandataria se refirió los decesos como “un lamentable resultado que nadie quiso” y por los que antes ha negado responsabilidad concreta.
“Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”, dijo y agregó que mantiene el compromiso de cooperar con la investigación que le abrió el Ministerio Público.
En aquellos sucesos murieron 49 civiles en disturbios, 11 en situaciones colaterales, así como seis militares ahogados cuando cruzaban un río tras ser impedidos de llegar a un pueblo donde había protestas y un policía linchado en un incidente ajeno a estas.
Boluarte se refirió también a la jonada de marchas y otras acciones en su contra del 19 de julio último, señalando que fueron pacíficas y que no hubo “ni vencedores ni vencidos”, aunque no habló sobre la continuidad de las mismas, inclusive hasta hoy.
“Anuncio que relanzaremos el Acuerdo Nacional (mecanismo de consulta política y social), incorporando a todos los sectores sociales, a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas, sobre la agenda social y las reformas políticas que están pendientes”, dijo.
La mandataria pidió diálogo durante las anteriores protestas y ante las actuales, pero en ambos casos las organizaciones sociales rechazaron la condición de tratar solo sobre proyectos de desarrollo y no sobre demandas políticas como la de su renuncia.
Insistió de otro lado en su afirmación de que desde diciembre de 2022 hubo “una grave convulsión social cuyo objetivo fue derrocar al nuevo Gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura”, aunque sus opositores acusan de dictatorial a su administración.
Aseveró además que el plan, de origen que no precisó, “estuvo dirigidido a atentar contra aeropuertos, puentes, carreteras, estaciones de policía y locales judiciales para aislar regiones del sur del país, lo cual causó gran daño económico.
A lo largo de su exposición, la mandataria hizo duros señalamientos contra el gobierno de Pedro Castillo, el que integró hasta poco antes de reemplazarlo por sucesión, tras la destitución y prisión del gobernante por intentar el cierre del Congreso antes opositor, con cuya política coincide a la mandataria.
El mensaje incluyó una serie de acciones gubernamentales en diversos campos y de medidas por realizar, listado en el que negó que se proponga privatizar la educación pública, como denuncia el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (maestros).
mrs
