Se trata de una herramienta que le permitirá al Gobierno Nacional financiar el valor de la matrícula de los estudiantes y también contribuirá a eliminar las barreras para el acceso y permanencia de los jóvenes en las universidades públicas del país.
«La presente ley establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa», señala el primer artículo.
El segundo indica que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”.
En tal sentido, se específica que los recursos de financiación estarán a cargo del Presupuesto General de la Nación y explica que las instituciones de educación superior públicas son todas aquellas de tipo técnico, tecnológico y universitario.
La normativa prioriza a estudiantes de grupos de poblacionales “en condiciones de vulnerabilidad” tales como víctimas del conflicto armado, miembros de las comunidades étnicas: indígenas, ROM (gitanos), raizales, afrodescendientes y palenqueras.
También a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como. bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.
El artículo 7 de la norma indica que el Gobierno Nacional tiene un plazo no superior de seis meses para su reglamentación, a partir de la expedición.
De esta forma el gobierno da respuesta a uno de los históricos reclamos de los jóvenes del país que tomó mayor relevancia durante el estallido social de 2021 durante el Paro Nacional.
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