Investigado en el expediente Golpe de Estado I, Camacho permanece encarcelado preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
En este caso es pesquisado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia en noviembre de 2019.
Como resultado de ese complot, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas cerca de 40 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Al referirse a la decisión de la CIDH, Cuéllar consideró que Camacho “estaba en el derecho de presentar su reclamación ante la CIDH, pero también hubo el análisis correspondiente y se concluyó que el Gobierno de Bolivia no vulneró ningún derecho”.
Enfatizó el legislador en que Camacho está preso porque tiene delitos demostrados, “él no solo fue un autor intelectual sino también material, participó de un golpe de Estado que originó tantas muertes, se quebrantó la Constitución, fue el principal artífice para que nuestra democracia fuera quebrantada”.
Cuéllar insistió en saludar como parlamentario la decisión de la CIDH de no otorgar las medidas cautelares solicitadas por un grupo de legisladores de la alianza política Creemos tras su aprehensión en diciembre de 2022, y cerrar el expediente de la petición.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos informó su decisión en una carta dirigida al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.
“Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la CIDH en relación con el asunto de referencia. Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente (…)”, expresa la misiva de fecha 28 de julio a la que accedió Prensa Latina.
Agrega que la petición no cumple los requisitos del artículo 25 del Reglamento.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada por la senadora Centa Rek y otros legisladores opositores, luego de la aprehensión de Camacho el 28 de diciembre de 2022, en virtud a que no se presentó a brindar declaraciones por un proceso sobre su participación en el golpe de Estado de 2019.
Alegaron “desconocimiento de su situación durante las primeras horas de detención” y que hubo violencia en ella, así como presuntas torturas o tratos crueles, y falta de atención médica.
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