La corte, última instancia en materia de constitucionalidad, dictó el fallo en el contexto de una fuerte ofensiva de un sector del Parlamento que abiertamente se propone reemplazar a los integrantes de la corte, una instancia autónoma, antes de su mandato de cinco años.
La decisión reconoció que la comisión creada en 2021 resultó de una votación en la que la propuesta no reunió el número de votos exigido por la ley, por lo cual, además, declaró nulos todos sus actos.
La comisión invalidada en realidad no encontró ningún elemento probatorio del supuesto fraude en las elecciones generales de 2021,lo cual ya habían certificado el JNE y misiones internacionales veedoras de los comicios, entre otras instancias.
Sin embargo, el fallo del tribunal estableció que, pese a ser el JNE autónomo en el ejercicio de sus funciones, el Parlamento puede investigar sus acciones que puedan afectar la Constitución o la legalidad.
Las bancadas de extrema derecha junto a aliados de centro son acusadas por sectores progresistas y jurídicos de abusar de su poder con el fin de colocar elementos afines para copar el manejo de instituciones del Estado, incluyendo los que designan a sus delegados como miembros del JNE, a fin de cambiar a los actuales.
Los críticos señalan que el objetivo sería manejar los organismos electorales para facilitar la elección en venideros comicios, de un gobierno derechista.
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