Montaño se refirió en conferencia de prensa a la medida tomada este martes por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que, sin embargo, no le impide a esa empresa operar con otros aviones.
Tal decisión obedeció al reclamo de la corporación arrendataria GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, por el incumplimiento del contrato por parte de Amaszonas.
“Se aplica la cancelación de la matrícula de las cuatro aeronaves: (…) CP-3145, CP-3142, CP-3135 y CP-3171 y según resoluciones administrativas número 316, 318, 328 y 329, notificadas formalmente el martes 1 de agosto de 2023, mismas que no podrán operar por esta compañía”, precisa un comunicado.
Según el reporte, la decisión fue tomada sobre la base del “Convenio de Chicago, Anexo 7, Convenio de Ginebra, la Ley de Transportes 165, la Ley de Aeronáutica Civil 2902”.
El texto reitera que, no obstante, “esta disposición no limita que Amaszonas pueda operar con otras aeronaves, debido a que cuentan con el Certificado de Operador Aéreo y Permiso de Operación Aérea vigente hasta diciembre de 2024”, aclaró la DGAC.
Ante reclamos de la línea aérea, el ministro explicó que este problema es entre privados porque Amaszonas arrendó cuatro aeronaves a GY Aviation Lease 1861 Co. Limited, y este propietario “nos hizo llegar una nota, con la información de que su cliente tiene una deuda de más de 17 millones de dólares”.
Agregó que el Gobierno Boliviano nada tiene que ver en estos temas entre particulares, pero sí tiene que actuar por ser signatario de convenios como el de Chicago, con la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), principalmente en lo referido a la navegación aérea internacional.
Aclaró que, de no hacer caso a la nota oficial de parte del propietario de las aeronaves, Bolivia corre el riesgo de perder la certificación internacional a través de la OACI.
“Por lo tanto, pedimos a Amaszonas y a GY Aviation Lease 1861 Co. Limited que lleguen a un acuerdo -insistió el titular-, que no nos inmiscuyan en esta problemática que, obviamente, desgastaría nuestras relaciones con las organizaciones mundiales de aeronáutica civil”.
Interrogado por la prensa acerca de una eventual demanda de la línea aérea ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Montaño sostuvo que hasta el momento no recibió ninguna certificación.
Sin embargo, adelantó que cualquier juez constitucional que emita un fallo contrario a la decisión de la DGAC pondría en riesgo al país.
“Hay que decirlo claramente, vamos a interponer acciones jurídicas correspondientes para que se respete el derecho de todo el pueblo boliviano”, concluyó el ministro.
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