En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, principal promotor de la iniciativa que desde 2021 intenta contar con el aval del Legislativo, agregó que, de ser aprobada, la norma logra incorporarse al sistema de justicia y es una herramienta para contrarrestar el crimen organizado trasnacional.
Por su parte, el secretario general de esa cartera, Jonathan Riggs, precisó que la extinción de dominio será aplicable a las conductas tipificadas en la Ley 121 de 2013: blanqueo de capitales; delitos relacionados con drogas y sustancias químicas; trata de personas, tráfico de personas, de órganos y de armas; terrorismo y financiamiento del terrorismo.
También establece penas para la explotación sexual y pornografía de menores de edad; secuestro y extorsión; homicidio y lesiones graves; hurto y robo de vehículos; manipulación genética; piratería; delitos financieros; asociación ilícita; falsificación de monedas, valores y documentos públicos.
Otros delitos contemplados son sicariato y atentar contra la administración pública, la propiedad intelectual, la seguridad informática, contra el ambiente y el patrimonio histórico.
Para Gimara Aparicio, magistrada representante del Órgano Judicial, se logró revisar los derechos comparados de más de ocho países y seleccionaron el sistema que consideran acorde a Panamá.
En cuanto a la labor de la Fiscalía, según explicó el letrado Rómulo Betahncourt, bajo la premisa que tiene toda propiedad de ceñirse a la Ley, esa entidad tendrá la obligación de demostrar a través de la investigación que un bien determinado está vinculado por su origen con la criminalidad.
Un comunicado de la Presidencia de la República señaló antes que la delincuencia organizada es un problema global que escapa del ámbito nacional y se busca golpear el músculo financiero de las organizaciones criminales fortaleciendo el Estado de derecho.
Acerca de la norma el propio Pino, dijo a medios de comunicación que, de sancionarse, el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales, de ahí la importancia de la existencia del instrumento jurídico para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
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