Para ello la canciller istmeña, Erika Mouynes, y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá, Adoniram Sanches, suscribieron el Marco de Programación de País 2021-2025.
Dicho instrumento busca transformar los sistemas agrícolas y alimentarios para hacerlos más resilientes e innovadores, a través de modelos de gobernanza participativa y protección social, precisó una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este instrumento estimula mecanismos como compras públicas institucionales, políticas agrícolas diferenciadas y registro único, que incluye la información digital de productores alineados a los desafíos del mercado posCovid-19, añadió la fuente.
También brinda soporte a las entidades para que activen políticas, estrategias y planes innovadores a favor del clima, salud ambiental, generación de empleos verdes y reducción de riesgo de desastres, entre otros beneficios.
El documento es resultado de un proceso consultivo conjunto con Naciones Unidas, en el que participaron representantes del gobierno nacional y local, sector privado y científico, sociedad civil, academia y comarcas indígenas.
Entre los aspectos prioritarios de trabajo sobresalen la cooperación técnica en materia de modernización del agro para fomentar la resiliencia y sostenibilidad, dinamización socioeconómica de los territorios rurales e integración productiva para estimular los entornos alimentarios saludables y sostenibles.
Al respecto, Mouynes se refirió al Plan Estratégico de Gobierno, el cual le concede una importancia a la cooperación internacional en aras del desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030, en especial los objetivos encaminados para poner fin a la pobreza y el hambre en el mundo.
Sanches Peraci, por su parte, expresó el apoyo de la FAO a las autoridades panameñas en su camino para convertirse en un país resiliente, con políticas públicas implementadas para la adaptación y mitigación del sector agropecuario al cambio climático, a partir de un manejo apropiado del ambiente y de los recursos naturales.
A esto se suma la reducción de riesgos a desastres y crisis sanitarias, pobreza y desigualdades, mediante el acceso equitativo a servicios esenciales, medios de vida y recursos financieros, principalmente personas vulnerables como mujeres, jóvenes rurales e indígenas.
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