Dijo que considera que no hay nada que impida que Perú, teniendo una legislación sobre la defensa de su espacio aéreo, tome la decisión de derribar las aeronaves utilizadas en el trasiego de droga y anotó que el acatamiento al veto se debe a la dependencia política, conceptual y operativa hacia Washington.
El especialista, que ha sido dos veces jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), se refirió al tema en declaraciones a Prensa Latina, tras el anuncio oficial de un nuevo convenio con Estados Unidos que incluye en la cooperación bilateral antinarcóticos la interdicción aérea no letal.
Sostuvo que fue un traspié y una mentira del primer ministro que diera a entender que ese acuerdo levantó el veto de Washington vigente desde 2001, a raíz del derribo de un avión civil con una familia estadounidense a bordo, confundido como intruso porque por problemas técnicos no respondía al pedido radial de identificarse.
“Es claro que desde 2001 Estados Unidos no ofrece información satelital sobre incursiones de narco-avionetas, por aquel trágico incidente, pero eso no significa que el Perú no pueda tomar sus decisiones”, añadió el experto.
Manifestó plena certeza de que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) es capaz de detectar las avionetas que penetran o cruzan el espacio aéreo peruano”, por lo que no hay ninguna razón para que no proceda a derribar las narco-avionetas.
Comentó también que la subordinación y dependencia política, militar y operativa de Perú respecto a Estados Unidos “tiene una larga historia, de la cual no escapan muchos de los paises latinoamericanos”.
Soberón añadió que esa subordinación se da a través de la Junta Interamericana de Defensa, organismo de coordinación militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos y las de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como del suministro de material y fondos y el entrenamiento.
Sobre las formas de presión de Washington, para imponer su veto, mencionó la de poner en duda la continuidad de la cooperación antinarcóticos, ante lo cual la Cancilleria de Perú «privilegia erradamente lo que considera intereses superiores de política exterior para no ejercer actos de soberanía”.
Sobre su experiencia como presidente de Devida en dos oportunidades, el experto recordó que en 2022 tuvo que viajar a Estados Unidos a pedir que no suspenda el apoyo a ese organismo, de 10 millones de dólares, porque el corte afectaba el programa de desarrollo rural alternativo al cultivo de hoja de coca.
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