El estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solicitado desde 2022 por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) del istmo, fue entregado la víspera al presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien instruyó pasarlo a la CSS.
Para la OIT, en su valuación actuarial del sistema panameño de pensiones, que incluye un análisis de posibles escenarios, vaticina una crisis de enormes proporciones.
Las reservas que se usan para pagarle a los jubilados cada año, debido a que los ingresos son menores que los gastos, han llegado a su fin. Y esto coincide con un periodo electoral en Panamá.
El déficit operativo anual, proyectado en nominales, crecerá y alcanzará un tope máximo anual en el año 2050, términos cercanos a los siete mil 500 millones de dólares, según esa investigación.
El mandatario aprovechó el encuentro para decirle a los miembros de la OIT que ya se presentó ante la Asamblea Nacional un contrato con Minera Panamá que asegura ingresos por un mínimo de 375 millones de dólares al año por regalías, de los cuales el 50 por ciento será destinado al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pero, la CSS debe pagar más de dos mil millones de dólares al año a los actuales jubilados, por lo que los posibles aportes mineros resolverían apenas un mes de salario a los pensionados, según analistas.
Sin embargo, el jefe de Estado prometió que el 20 por ciento de esos ingresos por año será destinado para que ningún jubilado por vejez o pensionado de la CSS reciba menos de 350 dólares mensuales.
De cumplirse esa medida, se asume un nuevo compromiso en materia de recursos para un programa con las finanzas en estado crítico.
Por su parte, las organizaciones y representantes de la sociedad civil estiman que un problema es la situación financiera del IVM, cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones y otro es el asunto de las bajas pensiones mínimas de muchos jubilados.
El economista y exdirector de la CSS Juan Jované dijo que este condicionamiento del Ejecutivo de la ley minera con los pagos a jubilados y el programa IVM juega con la necesidad de los pensionados, muchos de los cuales están por debajo de la línea de la pobreza.
Por su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida indicó en un comunicado que es inmoral que el gobierno nacional pretenda chantajear a la población, al vincular las mejoras en las pensiones, la sostenibilidad de la CSS y la inversión en educación a condición de que sea aprobado el contrato minero.
De acuerdo con la alianza, la devastación producida por esta actividad compromete los recursos naturales e impide que Panamá avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y solidario.
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