En la convocatoria que circula en las redes sociales, los colectivos agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida señala que ese pacto es ilegal, criminal y vendepatria, al tiempo que exigen a los diputados a no aprobarlo.
El lunes próximo el pacto suscrito con la trasnacional canadiense First Quantum para la extracción de minerales en Donoso, provincia de Colón, será sometido a debate en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos del Legislativo.
El pasado 3 de agosto el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, presentó el proyecto ante el plenario de diputados y resaltó que un 50 por ciento de los fondos que se recibirán –unos 375 millones de dólares anuales- serán distribuidos en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), para elevar el monto de las pensiones.
También habrá aportes para tres corregimientos aledaños en las provincias de Coclé y Colón, según el funcionario.
Después de su discusión en la Comisión de Comercio, que preside el diputado Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrático , el contrato pasará al pleno legislativo. La Asamblea no puede modificar ese texto, solo puede aprobarlo o rechazarlo.
Para las organizaciones y representantes de la sociedad civil, un problema es la situación financiera del IVM cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones y otro es el problema de bajos por ingresos las pensiones mínimas de muchos jubilados.
El economista y exdirector de la CSS, Juan Jované, dijo a la prensa que este condicionamiento del Ejecutivo juega con la necesidad de los pensionados, muchos de los cuales están por debajo de la línea de la pobreza.
Para los movimientos populares de cara a comicios generales de 2024, los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
En ese sentido, señalan, no escatiman escrúpulos para aprobar un proyecto tan lesivo para los panameños a cambio de estos fondos.
Es inmoral, que el gobierno nacional pretenda chantajear a la población al vincular las mejoras en las pensiones, la sostenibilidad de la CSS y la inversión en Educación a condición de que sea aprobado el contrato minero, indicaron.
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