Con documentos en mano, el titular aseguró que en diferentes reuniones técnicas se descartó el argumento de que la obra afecte al medio ambiente y los acuíferos presentes en esa ruta.
“La respuesta está en un tema político de celo, piensan que nosotros vamos a capturar votación en ese tema de la carretera”, sostuvo Montaño.
Lamentó el ministro la decisión de la Gobernación encabezada por el encarcelado Luis Fernando Camacho de no firmar el convenio intergubernativo y tampoco viabilizar su ratificación en la Asamblea Legislativa Departamental controlada por la alianza Creemos.
Ante esta demora, pobladores de las localidades de La Guardia y Buena Vista establecieron un bloqueo de caminos para exigir poner en marcha el convenio e iniciar la construcción de la carretera.
La extrema medida fue levantada provisionalmente en La Guardia, pero se mantiene en Buena Vista, aunque este domingo se estableció un breve receso para facilitar el paso de cientos de vehículos que estaban varados.
Confirma la documentación mostrada ante las cámaras del canal estatal Bolivia Tv que Camacho rubricó en 2022 un acta para dar curso a esta obra, impulsada durante la gestión del exgobernador Rubén Costas.
Montaño explicó que posee los estudios y autorizaciones ambientales, por lo cual en el Gobierno nacional no ven argumentos técnicos que justifiquen el rechazo a este proyecto que ya tiene financiamiento internacional proveniente de la Corporación Andina de Fomento.
“Esta carretera ya ha sido utilizada por nuestros antepasados por más de 200 años, no es una carretera nueva, no es que se está haciendo un desmonte, desde el 2002 es que se viene solicitando”, explicó el ministro.
La ruta tiene una longitud de 80 kilómetros y el costo de la inversión es de 212 millones de dólares, de los cuales el Gobierno nacional aporta 142 millones (70 puntos porcentuales del importe) y la Gobernación el restante 30 por ciento (70 millones de la moneda estadounidense).
Representantes del sector agroindustrial de Bolivia denunciaron en declaraciones a Bolivia Tv que los paros en Santa Cruz con la exigencia de que se autorice el inicio de la obra provocan una pérdida diaria de nueve millones de dólares.
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