El Ministerio Público confirmó en un documento legal que se le acusa de nombramiento ilegal, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones durante su mandato inconstitucional.
Según la Fiscalía, este proceso transcurre por la vía ordinaria y sus representantes están a la espera de que se señale fecha y hora del juicio, acorde con el procedimiento penal.
Un informe universitario presentado por el Ministerio Público confirma que Leiva Áñez es estudiante de Derecho y cursa el sexto semestre, lo cual confirma que su designación fue irregular porque no cumplía el requisito de ser egresada de nivel superior.
Encarcelada en el reclusorio de Miraflores, en La Paz, con sentencia firme de 10 años por la ruptura de la sucesión constitucional en noviembre de 2019, la exsenadora también es procesada en el expediente Golpe de Estado I.
La investigación en este último proceso aborda el complot que desembocó en las revueltas que forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, impuso un gobierno de facto y dio lugar a masacres con saldo de 38 muertes, miles de heridos, torturados, y detenidos ilegalmente.
A finales de noviembre de 2022 el abogado del Comité Impulsor de Justicia en Bolivia, Aldo Michel, alertó contra intentos de convertir un proceso por corrupción contra Áñez en un juicio de responsabilidades con privilegios.
Michel criticó entonces lo que denominó “una maniobra posesionada hace tiempo”, que pretendía convertir el proceso denominado Caso EBA en uno de responsabilidades.
Interrogado por Prensa Latina acerca del papel del Comité Impulsor de Justicia en la actualidad de Bolivia, Michel insistió en que su objetivo cardinal es luchar contra la impunidad.
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