El defensor, Carlos Rivera, anotó que Boluarte sí debe seguir siendo indagada por los otros posibles delitos de homicidio agravado y lesiones graves por los que se le investiga.
Dijo que desde la apertura de las pesquisas por la fiscal de la Nación a Boluarte y varios de quienes fueron sus ministros durante las protestas, él dijo públicamente que el cargo de genocidio no correspondía porque este delito corresponde a medidas para exterminar a un sector social.
El archivo de las pesquisas por ese motivo fue solicitado con un argumento similar por el abogado de la presidenta, Joseph Campos, y Rivera dijo que “en el mes de enero, hemos expresado que los hechos que son materia de investigación bajo ninguna circunstancia legal o jurídica podrían significar el delito del genocidio».
Rivera añadió que sí deben continuar las investigaciones a Boluarte y sus colaboradores indagados, por los cargos de homicidio calificado o asesinato y otros delitos y la Fiscalía debe acotar las indagaciones en hechos concretos.
“La Fiscalía en limitar la investigación básicamente a los hechos que si son objeto de investigación, que son los homicidios ocurridos en Ayacucho, Puno, Cusco (regiones surandinas) y los delitos de lesión grave”, dijo.
Rivera señaló además que la Fiscalía de Ayacucho dictaminó que no investigaba el delito de genocidio, porque en realidad los casos y las características que se habían producido, no eran compatibles con este crimen internacional.
El defensor de las familias de los caídos afirmó que esas pesquisas avanzan referidas a los crímenes que pueden ser calificados en homicidio calificado o asesinato y lesiones graves cometidos en diversos departamentos durante las protestas por policías y militares enviados por el Gobierno a hacer frente a las demostraciones.
Las manifestaciones se iniciaron contra el ascenso de Boluarte a la presidencia como sucesora del encarcelado y destituido mandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.
Las operaciones dejaron un saldo de 49 civiles muertos por arnas de fuego en disturbios, a los que se sumó un manifestante recientemente fallecido por las heridas causadas por una descarga de perdigones de la Policía en la región surandina de Cusco.
La lista de vidas perdidas se completa con el linchamiento de un policía en un incidente aparentemente ajeno a las manifestaciones y seis soldados ahogados cuando atravesaban un río para regresar a su cuartel ante el bloqueo de una carretera en la región de Puno.
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