Por segundo día consecutivo, los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (Parlamento), luego que la comisión de Comercio y Asuntos Económicos se declarara en sesión permanente para intentar aprobar ese pacto, considerado anticonstitucional por los colectivos populares.
En la jornada, mucha más severa que la de la víspera, con saldo incluso de heridos, los uniformados emplearon nuevamente gases lacrimógenos a lo que los estudiantes ripostaron con piedras.
Mientras, en el interior del Legislativo, a nombre de la sociedad civil invitada a esas deliberaciones para exponer sus argumentos ante los diputados, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, demandó la realización de un plebiscito para que el pueblo decida si le beneficia o no ese leonino contrato minero.
En marzo de este año, el Ejecutivo y la dirección de la trasnacional canadiense First Quantum, que opera la mina de cobre más grande de Centroamérica, ubicada en Donoso (provincia de Colón), alcanzaron un acuerdo final que permite la concesión a 20 años prorrogables por igual lapso para la explotación del mineral, pero también de oro y manganeso.
Según el Gobierno, ese pacto aportaría ingresos anuales mínimos de 375 millones de dólares por regalías, a lo que Andrade señaló que la empresa sigue saqueando los recursos naturales, violando la soberanía y con serios daños a la naturaleza.
“La Constitución obliga a los diputados a actuar en interés de la nación, piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus familias, en el pueblo y el futuro de las nuevas generaciones”, insistió.
También sentenció que los verdaderos patriotas, como los mártires estudiantes de la gesta de enero de 1964, se mantendrán en las calles dispuestos a dar la vida, si fuese necesario, para defender los intereses del país, al no permitir que ese convenio sea aprobado.
Otro de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el economista William Hughes, exhortó a los diputados a que no incurran en la misma violación de sus pares en 1997 -en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999)- al sancionar ese pacto, para que en 2017 la Corte Suprema de Justicia lo declarara anticonstitucional, por incumplir con la licitación pública.
“Lo mismo que sucede ahora con Minera Panamá que opera de manera ilegal y sustrae recursos que le pertenecen a todos los panameños y además en flagrante violación de la seguridad jurídica”, remarcó.
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