“Ya se hizo llegar las invitaciones a las tres bancadas, para mañana (miércoles) (…), aquí en el salón”, afirmó la presidenta en ejercicio de la cámara senatorial tras la sesión realizada la víspera.
Esa decisión fue asumida después que el lunes 28 de agosto el vicepresidente del Estado y titular de la Asamblea Legislativa Pluronacional, David Choquehuanca, respondió a una nota del 15 de agosto del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.
Choquehuanca en su respuesta señaló que “corresponde imprimir el procedimiento legislativo” para el proyecto de ley 144 que regula la preselección y habilitación de postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”.
Precisó que esa acción debe realizarse “independientemente del mecanismo de facilitación o acercamiento político, como es la mesa técnica política”.
Esta última instancia fue conformada el 8 de agosto por Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Movimiento al Socialismo (MAS) con el objetivo de trabajar en un solo proyecto de ley que viabilice las elecciones judiciales.
Tal resultado tiene que ser con apego a la sentencia del TCP del 31 de julio del año en curso que exige una ley aprobada por dos tercios de los asambleístas presentes.
Sin embargo, las discrepancias entre el oficialismo y la oposición provocaron el naufragio el 10 de agosto último de la mesa técnica política sin ningún acuerdo.
Mientras, el factor tiempo apremia porque el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, ratificó la necesidad de recibir la lista de los candidatos preseleccionados hasta el próximo lunes 4 de septiembre.
Solo así, advirtió, se realizarán las elecciones judiciales en diciembre, y los nuevos magistrados podrán asumir sus cargos en enero de 2024.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó el 24 de agosto último que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene “el balón en su cancha” para resolver el curso de la tercera elección judicial de la historia del país.
La Bancada senatorial del MAS presentó una denuncia con el objetivo de iniciar un Juicio de Responsabilidades contra tres magistrados del TCP por el delito de incumplimiento de deberes.
Los magistrados en cuestión son René Espada, Karem Gallardo y Georgina Amusquivar, miembros de la Comisión de Admisión del TCP.
Se les acusa de que estaban obligados a sortear en forma inmediata el proceso de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el diputado Leonardo Ayala, la cual frenaba el proceso de selección de los postulantes a magistrados, y lo guardaron de manera injustificada, “de mala fe por más de dos semanas».
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