Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) brindó amplia información al respecto este viernes en conferencia de prensa.
Sostuvo que, en el contexto del enfrentamiento al contrabando, el objetivo es que todas las cisternas que brindan servicio en el Estado Plurinacional sean monitoreadas y rastreadas a partir de la compra y venta del combustible, desde las plantas de almacenaje hasta las estaciones de servicio.
Así, según la normativa vigente, esos vehículos deben contar con el equipo de GPS y mediante una alianza con la empresa boliviana de informática Quipus, la ANH se encarga del monitoreo, de cuyos costos se ocupa como institución.
“En el tema del GPS, la ANH es quien está asumiendo el costo del registro y monitoreo. A la fecha tenemos 200 cisternas que ya se han registrado de mil 500”, informó.
Sin embargo, aclaró que cada cisterna correrá con el costo del equipo GPS, ya que en el país existen 45 modelos y cuestan desde 200 bolivianos (28,5 dólares) hasta mil 200 bolivianos (171 dólares), homologados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
Añadió que son 48 los proveedores registrados.
Jiménez agregó que, según un sindicato de transporte de cisternas de Santa Cruz, la ANH “estuviera solicitando que el sector, además de contar con el GPS, pague el sistema de monitoreo”.
Aclaró que no es así porque la “ANH asume el registro y el monitoreo como institución y las unidades que transportan combustible tienen que contar con su GPS”.
Reafirmó que la razón por la que se exige el GPS en las cisternas que brindan servicios en el país es que en el Estado boliviano se subvencionan los combustibles. En ese sentido, este requisito es socializado con el sector.
“Vamos a seguir realizando las socializaciones y es importante que todos los sectores que tienen unidades móviles de cisternas tienen que contar con este GPS, para garantizar la comercialización ininterrumpida del servicio en el territorio nacional”, concluyó.
Para corregir la fuga de combustibles al mercado negro, su venta al narcotráfico, la minería ilegal y otras ilícitas, el presidente, Luis Arce, decidió establecer severos mecanismos de control en todo el territorio nacional mediante la promulgación de los Decretos Supremos 4910 y 4911.
Mientras en países fronterizos como Brasil, Chile y Perú el importe de los combustibles ronda los ocho bolivianos por litro (1,14 dólares), las autoridades bolivianas, en cambio, mantienen esa tarifa en 3.50 bolivianos (aproximadamente 0,50 dólares).
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