Para el efecto, pidió al Ministerio Público y el Poder Judicial que activen con celeridad dos procesos contra Polay, que cumplirá una pena por terrorismo de 35 años en enero de 2026, y otros dirigentes del desactivado grupo que renunció a las armas hace varios años.
En un conferencia de prensa, expuso la respuesta oficial a una demanda de Polay presentada en la década pasada y admitida a debate por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Estado peruano.
Otárola compareció junto al ministro de Justicia, Daniel Maurate; el procurador general del Estado, Daniel Soria, y otros integrantes del Grupo de Trabajo para la Defensa de los Intereses del Estado, que reinició así sus reuniones periódicas para concertar posiciones unitarias ante demandas presentadas en foros de derechos humanos.
Ratificó la posición de la presidenta Boluarte, en el sentido de que el Gobierno «no pagará ni un centavo a Polay si la demanda implicara una indemnización al preso», a quien calificó reiteradamente como terrorista.
La mandataria criticó la admisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la demanda, referida a la alegada vulneración a sus derechos y su integridad jurídica, así como a haber sufrido torturas, según afirma. Otárola dijo también que la demanda ha sido admitida solo en lo formal, quedando pendiente la decisión de fondos que estimó tarde varios años en emitirse, pero desde ya descartó la posibilidad de que se traduzca en la libertad o en el cambio del régimen carcelario al que está sometido Polay, de 72 años.
Por su parte, el procurador Antuterrorismo, Milko rioz, informó que solicitó al Ministerio Público la apertura de dos procesos pendientes a Polay y otros, por la masacre de homosexuales en la ciudad amazónica de Tarapoto, y por apología del terrorismo, por la publicación de un libro de su autoría sobre el actuar del MRTA.
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