El breve anuncio precisa que la investigación preparatoria del correspondiente juicio se realiza «por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado», cometido por un grupo de integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que encabezaba Polay.
Tal hecho es conocido como la masacre de Las Gardenias, nombre del bar de la ciudad amazónica de Tarapoto en la que se registró el hecho el 31 de mayo de 1989.
A cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, la indagacíon incluye a otros seis integrantes del MRTA, una organización desarticulada hace 36 años y que renunció formalmente a las armas en 2017.
El primer ministro, Alberto Otárola, pidió ayer al Ministerio Público y al Poder Judicial que actúen con celeridad para abrir procesos pendientes a Polay por el caso Las Gardenias y apología del terrorismo, esto último por publicar un libro sobre el MRTA.
Lo hizo para garantizar que el recluso de 72 años siga en prisión, aun después de terminar su condena actual de 35 años que se cumplirán a comienzos de 2026.
Se refirió al tema en una conferencia de prensa, en la cual se sumó a la presidenta Dina Boluarte en el rechazo a una demanda de Polay contra el Estado peruano por afectación de sus derechos jurídicos y por haber sido, según afirma, sometido a torturas.
La demanda fue presentada en 2007 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito Perú, pero recién fue admitida el año pasado y conocida públicamente ayer.
Otárola criticó la admisión del recurso y anotó que la CIDH solo hace recomendaciones y el Gobierno descarta la posibilidad de que las mismas puedan afectar la condena a Polay ni su régimen carcelario de alta seguridad.
La presidenta Boluarte, a su vez, tras rechazar la demanda, adelantó que de ninguna manera aceptará pagará un centavo de indemnización a quien calificó como terrorista, ante el supuesto de que así lo indicara la CIDH a consecuencia de la demanda.
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