En su informe, el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) precisó que las manifestaciones en la céntrica Avenida 50 , Vía Centenario, La Chorrera y Costa del Este, pero también en Azuero, Chiriquí, Darién y Veraguas, conminan a a los diputados a no aprobar ese texto a debate en una comisión del Legislativo.
La organización sindical precisó que las protestas son apenas el inicio de un grupo de acciones contra ese pacto, que continuarán mañana con una marcha en horas de la tarde hacia la Asamblea Nacional (parlamento) para reafirmar sus reivindicaciones.
En los cierres de carreteras, los constructores también exigen aumento general de salarios frente al creciente alto costo de la vida y la defensa de la Caja de Seguro Social.
Este lunes, los diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos trasladaron los debates y rondas de consultas ciudadanas sobre este tema a la oriental provincia de Colón, donde está enclavada la mina de cobre y la compañía filial de las trasnacional canadiense First Quantum, aunque sin poder trasmitirlos en vivo por televisión debido a problemas tecnológicos, según explicaron.
Por su parte, estudiantes de la Universidad de Panamá se sumaron en la jornada a las concentraciones populares para repudiar el contrato minero; mientras la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas confirmó la participación de los originarios en todas estas acciones de condena a esa concesión por 40 años que avala la expropiación de tierras y recursos naturales, así como la destrucción de ese territorio del Corredor Biológico Mesoamericano.
La pasada semana arrancó la controversia en el Legislativo, donde diputados y grupos de la sociedad civil presentaron sus posturas en un ambiente enrarecido donde quienes rechazan el acuerdo denuncian que desde el inicio no hubo una discusión previa sobre su contenido.
Para el fraile franciscano en La Pintada (Coclé), René Flores, una de las zonas impactadas por la mina, hay preocupación por los efectos de la concesión en las condiciones de vida de la gente, en particular el derecho al agua.
También la ambientalista Linda Loo sentenció que la minera afecta las comunidades locales, pues causa devastación sostenida de la naturaleza provocando la pérdida de identidad, seguridad alimentaria, cultural, social, económica y en especial la pérdida de flora y fauna.
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