En una breve ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, asumieron los ministros de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, y Trabajo, Daniel Maurate, quienes dejaron, respectivamente, las carteras de la Producción y de Trabajo y Empleo.
Como titulares de Educación y Desarrollo Agrario juraron Miriam Ponce y Jennifer Licetti, quienes ejercían cargos de dirección en las respectivas carteras.
El despacho de Justicia quedó en manos de Eduardo Arana, quien ha sido asesor del ya desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial.
Como ministra de la Producción juró Ana María Choquehuanca, quien fue titular de la Mujer en el breve gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski y hasta hoy presidía la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa.
Los cambios recibieron prontas críticas desde diversas posiciones políticas que coincidieron en el concepto de que la recomposición arroja como resultado “más de lo mismo”.
El legislador progresista Américo Gonza comentó que la continuidad no es lo más adecuado y opinçó que debieron ser reemplazados el primer ministro, Alberto Otárola, y el titular del Interior, Vicente Romero.
El parlamentario neoliberal Carlos Anderson dijo también que Otárola debió ser reemplazado y que no hay ninguna modificación de fondo.
Para el legislador progresista José Balcázar, la presidenta debió designar ministros a personalidades calificadas del sur y el centro del país, donde persiste un fuerte rechazo popular al Gobierno.
Como contexto de los cambios, la prensa menciona el hecho de que la ministra de Educación saliente, Magnet Márquez, declaró ayer que el Ejecutvo observará una ley que favorece a maestros excluidos por no haber rendido o aprobado un examen de calificación.
Además, en el Congreso se presentó esta semana una moción de interpelación a la hoy reemplazada titular de Desarrollo Agrario, Mery Paredes, cuestionamiento planteado por parlamentarios que la responsabilizan de la falta de previsión a la crisis de la producción del agro, por razones climáticas.
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