En un comunicado conjunto las agrupaciones religiosas exhortaron a las autoridades locales a declarar una moratoria a la minería metálica y entrar a dialogar el futuro sostenible del país istmeño.
De acuerdo con ese texto, las operaciones en la mina de cobre en la localidad de Donoso (Colón) están asociadas a expropiaciones de tierra y actividades económicas a potestad discrecional de la concesionaria, lo cual le otorga de facto los derechos del Estado.
“La tierra no puede pertenecer a una persona o a un grupo para solamente sus intereses económicos, sin considerar el bien común de la comunidad humana”, indicó el mensaje.
Además denuncian que es sumamente peligroso que el contrato imponga el marco de referencia para futuras concesiones mineras y mencione dentro y fuera del área, sin hacer ninguna delimitación, entregando el uso total del territorio nacional.
Otro punto que se planteó en el comunicado es que “las comunidades manifestaron en el Pacto Bicentenario la necesidad de entrar a dialogar el tema [minero] en el marco del desarrollo humano, integral y sostenible para la defensa de la vida”.
La víspera, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un recurso por desacato del Gobierno en torno al contrato suscrito con la empresa Minera Panamá, entregado por organizaciones sociales, lo que motivó manifestaciones de estudiantes universitarios, reprimidas con gas pimienta por unidades antimotines de la Policía.
La delegación que entregó el documento estuvo encabezada por la candidata presidencial independiente hacia comicios generales de 2024, la economista Maribel Gordón y la integraron varios abogados y lideres sindicales y sociales, que rechazan que la minera opera a pesar de que el pacto fue declarado inconstitucional por la misma CSJ en 2017.
Para mañana sábado los dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida convocaron a una nueva reunión en esta capital para decidir nuevas acciones contra ese convenio, a debate ahora en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (parlamento).
En marzo pasado, el Gobierno y First Quantum alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de una gran mina de cobre, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
La minera comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares, según el Ejecutivo y la empresa.
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