El ministro de Justicia, Eduardo Arana, no condenó la medida que, según sus críticos, pretende completar el control del sistema de justicia, pues ha nombrado ya integrantes afines como miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Arana dijo que el Gobierno esá preocupado por la investigación sumarísima a la JNJ acordada ayer por el pleno congresal, tras una serie de pronunciamientos hostiles a los magistrados encargados de designar y fiscalizar a jueces y fiscales.
El titular agregó que ha tratado el tema con el primer ministro Alberto Otárola y coincidieron en considerar preocupante la indagación “porque consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar en riesgo y porque creemos que los organismos constitucionalmente autónomos, deben ser protegidos”.
Sin embargo, evitó calificativos a la medida parlamentaria e invocó a que la investigación se realice “dentro de los cánones constitucionales, y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente”.
Agregó que el Ejecutivo “es respetuoso de las atribuciones y competencias del Congreso” y añadió que la pesquisa “debe estar basada en fundamentos que tengan validez constitucional y validez jurídica”.
Entretanto, crece el rechazo a la medida parlamentaria, contra la cual se pronunciaron también el sistema de Naciones Unidas acreditado en Perú, en un pronunciamiento el cual advierte que la JNJ “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país”.
Resaltó la importancia de la función de la junta, de designar «previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales”.
Además, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la Iglesia católica denunció que la investigación a los siete miembros de la JNJ “busca la destitución de sus integrantes atentando contra la independencia y el equilibrio de poderes”.
“Esta medida facilita la interferencia en los órganos de administración de justicia y del sistema electoral y deslegitima aún más al Congreso y al Ejecutivo” ante la ciudadanía y la opinión pública internacional.
“Nos pondrá dentro de los países no elegibles para cualquier intercambio económico con las democracias del mundo. Alertamos a la población y a las Instancias Internacionales sobre esta situación tan grave para la democracia en el Perú y en Latinoamérica”, agrega la declaración religiosa.
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