“Hemos convocado a una mesa técnica, una mesa de diálogo que pueda llevar adelante un trabajo eminentemente técnico, porque creemos que ese es el camino para solucionar nuestras diferencias y los problemas que se puedan encontrar en el camino”, afirmó.
Entrevistado por el canal estatal Bolivia TV, el titular recordó que ese debate debió realizarse el viernes último, pero pasadas las 11:00 hora local llegó a su cartera una carta firmada por el secretario departamental de Desarrollo Económico de Santa Cruz, Edgar Landívar.
Solicitaba en ella reprogramar la cita para este lunes, precisó.
Cusicanqui consideró que autoridades de la Gobernación de Santa Cruz buscan politizar este tema, pero su tratamiento y viabilidad debe responder a cuestiones técnicas en una mesa de diálogo como se propuso y consolidará en esta jornada.
La administración departamental encabezada desde la cárcel por el gobernador opositor, Luis Fernando Camacho, expuso durante meses diversos argumentos para oponerse a la construcción de la vía, como falta de presupuesto y estudios.
El pretexto más reciente es que la obra afectará acuíferos vitales para el abasto territorial, pese a que estudios técnicos de la misma Gobernación los desmienten.
Sectores sociales de zonas productoras de la región necesitadas de esa ruta con su trazo inicial y definido por la Administración del exgobernador Rubén Costas, exigen validar y avalar el acuerdo firmado en 2022 por el propio Camacho.
Empero, el gobernador extremista y la Asamblea Legislativa Departamental, controlada por su partido Creemos, se oponen al proyecto de interés nacional.
Documentación histórica demuestra que este proyecto nació en 2010 por iniciativa de la Gobernación de Costas, y en 2016 ese equipo presentó el diseño y trazo de la ruta, el cual ahora es rechazado por la actual Administración departamental, pese a que la máxima autoridad ejecutiva territorial la aprobó con su rúbrica el 22 de abril de 2022.
Un año después, se inició la búsqueda del financiamiento, y el 4 de abril de 2018 este se concretó con la promulgación de una ley que aprobó el Contrato de Préstamo con la Comunidad Andina (CAF) para respaldar financieramente el convenio interinstitucional entre la Gubernatura cruceña y la Administradora Boliviana de Carreteras.
Cusicanqui reiteró que resulta contradictorio que Camacho y sus seguidores rechacen el cumplimiento de lo pactado, sin embargo, insistió en que el Gobierno nacional mantiene su vocación de diálogo para solucionar este conflicto, que pone en peligro los fondos asignados por la CAF.
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