‘Enhorabuena que se investiga y se persigue un perverso núcleo de corrupción que es longevo, abominable, y ha operado en la impunidad’, apuntó Solís sobre el caso revelado este lunes en que funcionarios de entidades estatales y privadas se habrían coludido y cometido diversos delitos en la contratación de obras viales en Costa Rica.
Solís expresó su confianza en que las herramientas científicas para el combate a la criminalidad organizada le permita a las autoridades llevar a buen puerto esta investigación, y que se logre conjuntar la voluntad política necesaria para introducir las reformas necesarias para despejar de todo abuso y duda la gestión de obra pública.
Al igual que otros gobiernos, recordó, enfrentamos un sistema perverso lleno de trabas y complejidades burocráticas históricas que los llevaron a plantear al Legislativo el cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial e iniciar acciones contra sospechosos de actos ilegales.
Desgraciadamente, sostuvo, los diputados de ese entonces decidieron archivar esta iniciativa de ley, y los estrados judiciales reinstalaron a estos funcionarios en sus puestos, obligando a la administración a pagarles costas y salarios caídos.
Por otra parte, Margarita Bolaños, Quince Duncan y José Manuel Arroyo, los Garantes de la Ética de la Administración Alvarado, aseguraron que la detención este lunes de 29 personas en 57 allanamientos constituye un paso correcto en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y en la lucha anticorrupción en materia de obra pública.
Desde hace dos años, refiere el comunicado, el Grupo de Garantes apoyó un proceso coordinado por la Procuraduría de la Ética Pública con el fin de dotar al país de una política de Estado en materia de integridad y anticorrupción, tomando en cuenta las debilidades de nuestra institucionalidad pública para atender estos casos.
‘Las propuestas de esta estrategia, ya finalizada, servirán para prevenir y enfrentar el fenómeno de la corrupción con mejores herramientas y mayor eficacia’, subraya el texto de los garantes.
Rememoraron que desde hace décadas los medios de comunicación han denunciado graves hechos de corrupción que han quedado impunes o sin resolver; por lo tanto, celebran que, por fin, el país tenga la oportunidad de sentar un precedente para eliminar estas dañinas prácticas que involucran al sector privado en contubernio con funcionarios públicos.
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