El representante de Managua ante el organismo regional, Luis Alvarado, condenó la política injerencista, de chantaje y medidas coercitivas ilegales a través de las mal llamadas sanciones, que en realidad constituyen agresiones del gobierno norteamericano en contra de los nicaragüenses, afirmó.
En una reunión virtual este martes convocada desde la sede de la OEA en esta capital, 26 de los 34 miembros de la entidad aceptaron una resolución que, entre otras cuestiones, expresa preocupación por la negativa del gobierno sandinista de aprobar un paquete de ‘reformas electorales’.
Además, el documento condena el arresto, acoso y restricciones que considera arbitrarias en contra de precandidatos presidenciales, a los partidos y a los medios de comunicación, supuestamente independientes, y también pide la inmediata liberación de presos políticos.
Al respecto, Alvarado afirmó que su país cuenta con leyes y es una nación con plena y efectiva separación de sus poderes del Estado, con lo cual hace valer su institucionalidad y su ordenamiento jurídico nacional.
Asimismo, el embajador criticó a la OEA por ‘no desprenderse de su agenda monotemática, encasillada aún en la época de la Guerra Fría y el neocolonialismo, para provocar la desestabilización y la confrontación en aras de imponer los dictados de la Casa Balnca sobre los países de la región’.
‘Frente a la agresión de las potencias coloniales del mundo, Nicaragua, defenderá con aplomo e hidalguía la dignidad de los pueblos de América latina y el Caribe’, subrayó el diplomático.
La resolución obtuvo el rechazo de San Vicente y Granadinas, Bolivia y Nicaragua, mientras que Argentina, México, Honduras, Belice y Dominica se abstuvieron.
Analistas estiman que la organización aspira a tener participación en la observación de las elecciones del 7 de noviembre en esa nación centroamericana, algo similar a lo ocurrido con ese mecanismo en Bolivia, donde desconoció la victoria de Evo Morales en los comicios del 2019.
Recientemente, la publicación estadounidense The Grayzone mostró una amplia recopilación de datos sobre cómo medios financiados por Washington incitaron un golpe de Estado en 2018 contra el gobierno sandinista.
Según la fuente, entidades norteamericanas, incluidas del Gobierno, lanzaron una operación con decenas de millones de dólares para crear, entrenar, y financiar a grupos opositores de la derecha y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió a varias organizaciones anti-sandinistas, cuyos dirigentes guardan prisión.
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