La Conferencia Episcopal católica, en un comunicado público, demandó estricto apego a la Constitución y las garantías que establece para situaciones como la planteada, como el derecho de los investigados a ser investigados “bajo los mismos que se observan en el procedimiento judicial”, lo que excluye una actuación sumaria.
La asamblea permanente de obispos recordó que la carta magna indica que los miembros de la JNJ “gozan de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función”.
También advirtió que Perú vive una crisis que genera mayor inestabilidad por la medida del Congreso de la República, mientras la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) integra la Plataforma por la Democracia presentada ayer.
La flamante articulación abarca a más de 60 organizaciones sindicales, agrarias, de derechos humanos, de diversidad sexual, feministas, estudiantiles, vecinales y otras, así como organizaciones políticas de izquierda y de centro, se integraron en un
Al frente promovido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) se sumaron también el Consejo Nacional Evangélico que ha convocado a una marcha de protesta contra la medida del Congreso.
La secretaria ejecutiva de la Cnddhh, Jennie Dador, señaló que las organizaciones participantes coinciden en la necesidad de “hacer frente a este proceso de consolidación de una dictadura congresal”, expresado en la pretensión de destituir a los miembros de la JNJ.
El empeño de la mayoría parlamentaria, que ha motivado la expresa preocupación de la representación en Perú y del alto comisionado de las Naciones Unidas, es poner candados a la posibilidad de que surja un gobierno de línea distinta a la extrema derecha, según algunos de sus críticos.
Según la opinión citada, esa es una de las razones por las cuales el órgano legislativo es desaprobado por más de 90 por ciento en las encuestas y así ha perdido legitimidad para acciones como la de descabezar a la JNJ.
A la causa de rechazo a la medida contra la JNJ se sumó también el analista político Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cuyos titulares la mayoría congresal conservadora amenaza también con destituirlos.
Tuesta advirtió que si el Congreso, que ya tiene autoridades afines en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, logra hacerse del control de la JNJ, “Lo que viene es dejar de ser una democracia que ya es deficiente y endeble”.
Mientras, la presidenta de la comisión de Justicia del parlamento unicameral, Janet Rivas, a cargo de la investigación sumaria a los siete integrantes de la JNJ, con el objetivo de destituirlos, reconoció que el plazo de 14 días que tiene para semejante tarea puede ser insuficiente.
mgt/mrs
