La moción propugna la defenestración de Vera argumentando “su incapacidad y falta de idoneidad” para el cargo, aunque en la interpelación y en una campaña empresarial es cuestionado porque se le considera impulsor de la entrega de pozos del norte de la costa peruana de producción residual a Petroperú.
Se le acusa en concreto de no consignar en su hoja de vida presentada al asumir el ministerio, de sanciones administrativas recibidas y por reunirse cpn un alcalde posteriormente investigadp y sometido a prisión preventiva por presunta corrupción.
La moción de censura se debatirá la semana próxima y se plantea en el contexto de una fuerte campaña de organizaciones empresariales y medios de prensa y políticos afines contra la inminente decisión gubernamental de que Petroperú se haga cargo de explotar los pozos, para lo que proyecta asociarse con empresas privadas.
Los ejecutivos de la empresa estatal consideran que es importante para recuperar la facultad de explotar crudo y posteriormente la exploración de hidrocarburos, de las que fue privada por el gobierno neoliberal de Alberto Fujimori y su constitución, que solo permite la actividad empresarial del Estado en áreas que no interesan a los capitales privados.
La campaña contra la entrega de los viejos pozos del norte a Petroperú escaló ayer en una conferencia de prensa de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Sociedad de Comercio Exterior que cuestionó la conveniencia de la medida.
El bloque empresarial descalificó la capacidad de Petroperú y demandó que el Gobierno prorrogue por tres años las concesiones por las que transnacionales explotan los pozos, a fin de que en ese lapso se creen condiciones para que los empresarios locales puedan competir para hacerse cargo.
Petroperú considera conveniente explotar los pozos para abastecer a la moderna refinería de la norteña provincia de Talara y producir derivados de alta calidad para el mercado interno.
La ofensiva proempresarial incluye ataques de congresistas de derecha extrema como Jorge Morante, quien recientemente fracasó en el intento de abrir la posibilidad de que los gobiernos regionales de las jurisdicciones amazónicas autoricen las reservas protegidas para los llamados indígenas no contactados.
Morante es uno de los promotores de la censura a Vera y reclama también la destitución de la presidenta de la empresa de negociaciones de contratos petroleros, Perupetro, Isabel Tafur, porque la acusa de favorecer ilegalmente a Petroperú al aprobar que se haga cargo de los pozos norteños.
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